El asesor jurídico del CD Tenerife, Ángel Fernández Carrillo, explicó hoy en su comparecencia ante los medios informativos que dicho ERE se plantea por una cuestión "bastante obvia".
"Como consecuencia del descenso a Segunda División B, la situación económica y financiera del club es realmente grave.
Empezando porque los ingresos que se prevén en Segunda B van a ser sensiblemente inferiores a los de las últimas campañas".
El asesor jurídico añade que la principal fuente de ingresos que tiene el club son los derechos televisivos.
El contrato contemplaba una cláusula que suspendía el mismo si el equipo descendía a Segunda División B hasta que el club recuperara la categoría profesional (Segunda División A o Primera División), momento en el que se activaría de nuevo.
También comentó que otros ingresos como la venta de abonos no será igual en Primera, en Segunda que en Segunda División B.
"No sabemos tampoco la capacidad de respuesta que habrá, pero trataremos de que acuda el máximo de aficionados porque será cuando más lo necesite el equipo", señaló.
Otros de los motivos de la presentación del ERE es que los precios de los abonos bajarán, además de ingresos atípicos como la publicidad.
"Todo ello, agravado a la crisis económica en general, hace que el club no pueda afrontar y cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos que tienen los trabajadores", aseguró.
Para Fernández Carrillo, dentro de las opciones jurídicas que "existen y que están a nuestro alcance, el consejo de administración considera que esta es la mejor y la que menos daño puede hacer, aunque es una decisión dolorosa para todos por las consecuencias finales".
El abogado de la entidad blanquiazul anunció que los trabajadores afectados por este ERE están citados el próximo 12 de julio en las instalaciones del Heliodoro Rodríguez López para comenzar con el período de negociación.
También admitió que están afectadas todas la áreas, todos los trabajadores que tiene contrato en vigor y que están dados de alta en la Seguridad Social.
"Es una decisión obligada por el consejo para no entrar en otras alternativas jurídicas que eran más dolorosas, -en referencia a la Ley Concursal-, pero también es cierto que no todos perderán sus puestos de trabajo", dijo.
No obstante, y a pesar de la gravedad, se mostró optimista de cara a las negociaciones.
"A pesar de ser consciente de la gravedad de la situación, de la dureza de la medida y de la tristeza por haber llegado a esta situación, siendo un sentimiento de todo el consejo de administración, se plantea una medida legal para intentar salvar esta situación. Es una medida que está en el ordenamiento jurídico y que entre otras cosas contempla la posibilidad de llevar a cabo despidos colectivos por causas económicas", relató.
Por último, Fernández Carrillo anunció además que todos los trabajadores tienen derecho a ser representados y a tener sus posturas dentro del Expediente de Regulación de Empleo.
"Pueden designar una representación que eligen libremente, que serán los interlocutores de todos ellos y que serán los que negocien con el club. Ahora entramos en un proceso con un plazo máximo de 30 días y en ese espacio de tiempo, se deben nombrar a los representantes (tendrán de plazo hasta el 17 de julio) y una vez elegidos comenzaremos la fase de negociación", explicó.
El asesor jurídico desconoce el número de sesiones que tendrán con los representantes, para señalar que si se alcanza un acuerdo se notificará a la autoridad laboral, y si no, agotarán el plazo de 30 días, notificando que no se ha llegado a ningún acuerdo.
Si esto es así, comentó que será entonces cuando se decidirá la lista definitiva de trabajadores afectados.
"Creemos que la Dirección General de Trabajo puede dar respuesta a finales de agosto o principios de septiembre", auguró.
